Los residuos derivados de la energía fotovoltaica alcanzan cifras sobrecogedoras

La UE regula el sistema de reciclaje de los residuos fotovoltaicos a modo de contrarrestar el riesgo de acumulación de paneles en los vertederos por tiempo indefinido.

La inclinación social por las energías renovables es cada vez más aguda, hasta el punto de que la promesa de obtener
energía limpia sin contaminación y sin generación de residuos nos imbuye de una fe ciega que nos impide ver la realidad. De este modo se ha llegado a mitificar la energía solar, tachándola de “verde” y sostenible, y dando carta blanca a la construcción indeliberada de extensos huertos solares sin tener en cuenta los impactos ambientales que estos ejercen. Y es que, en el proceso de obtención de esta energía se avistan ciertos grises que tiznan el “verde” con el que se etiquetan a los paneles fotovoltaicos.

A este respecto, la energía fotovoltaica, si bien se nutre de la inagotable luz solar para generar electricidad, lo cierto es
que los paneles que utiliza para ello tienen una vida útil de 25 a 30 años.
Estos paneles, compuestos principalmente por vidrio y aluminio y con pequeñas cantidades de materiales más nocivos para el medio ambiente, como son el silicio o el teluro de cadmio, utilizados para la transformación de luz solar en electricidad, resultan muy caros de reciclar debido a su estructura laminada. El alto coste de los procesos de separación de las capas para el tratamiento de los materiales empuja a los usuarios a abandonar los residuos fotovoltaicos en vertederos.

Paralelamente, cabe reseñar que la efectividad de las placas fotovoltaicas va muy ligada a su capacidad para generar residuos. La obtención de energía solar, lejos de igualar la efectividad de la energía nuclear, es un proceso dependiente de factores externos que merman considerablemente su funcionamiento. Al contrario que una central nuclear, cuya actividad es permanente e ininterrumpida, las instalaciones fotovoltaicas dependen de las horas de luz solar, el clima, la inclinación de las placas, la suciedad acumulada y demás factores que obstaculizan la producción de energía.

Harían falta hasta más de un millón de paneles fotovoltaicos para competir con
la efectividad energética de una central nuclear

Asimismo, la potencia máxima de un panel solar equivale a 650 W. Si la potencia máxima que puede alcanzar una central nuclear es de 1.050 MW, para igualar dicha potencia mediante parques solares se necesitarían un millón seiscientos quince mil trescientos ochenta y cinco (1.615.385) paneles fotovoltaicos, suponiendo que funcionasen ininterrumpidamente.

En consecuencia, la dependencia de factores externos ligada a la leve potencia eléctrica de los paneles obliga a la
instalación de huertos solares masivos que desembocan en la producción de miles de residuos fotovoltaicos, cuyo alto coste de reciclaje hace que aumenten el contenido de los vertederos.

El Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero obliga al reciclaje de los residuos
fotovoltaicos en todo el territorio español a los productores establecidos en
España.

Sin embargo, con la entrada en vigor de Directiva 2012/19/UE de 4 de julio, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, se obliga al reciclaje de todos ellos en toda la Unión Europea una vez finalizada su vida útil y con independencia de su coste.

En este sentido, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por el
que se transpone la citada Directiva a nivel nacional, enmarca los paneles fotovoltaicos en el grupo de residuos eléctricos profesionales, obligando a todos los productores de estos paneles a fabricarlos con un diseño que facilite su posterior reciclaje, y a sufragar el coste de los procesos de recogida, transporte y reciclado de los mismos una vez finalizada su vida útil. Esto es lo que se conoce como responsabilidad ampliada del productor.

No obstante, debido al riesgo de incumplimiento sobrevenido de esta responsabilidad ampliada del productor por
insolvencia del mismo, el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos impone a los productores la obligación a formalizar una garantía financiera antes de comenzar con la explotación de su actividad, cuyo importe es determinado a discreción de la administración ambiental competente. De este modo se salvaguarda la financiación de los costes del tratamiento de los residuos, evitando que vayan a parar a vertederos o que su tratamiento se financie con dinero público.

Además de lo anterior, si bien la citada normativa exige al productor del aparato eléctrico la financiación de su
tratamiento una vez convertido en residuo, el usuario del producto, también llamado productor del residuo, queda obligado por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados a realizar el tratamiento del residuo por sí mismo, siempre y cuando disponga de la correspondiente autorización, o a entregar los residuos a un tercero habilitado para su tratamiento, ya sea un negociante registrado o un gestor de residuos autorizado. En cualquier caso, la responsabilidad del productor del residuo se extiende hasta la finalización total de su tratamiento. De esta forma, se asegura que el usuario no se limite a entregar los residuos, sino que, además, vele por su correcto y completo tratamiento.

Gracias a la citada normativa, el riesgo de acumulación de residuos fotovoltaicos ha dejado de ser una preocupación en Europa. No obstante, esta problemática se encuentra muy presente en países como EE.UU. donde solo se reciclan el 10% de estos residuos, o en el continente chino, donde destinan todos ellos a los vertederos.

En definitiva, las energías renovables suponen una vía hacia un mundo más sostenible. Sin embargo, no conviene entregarse ciegamente a ellas, pues no debemos olvidar que toda moneda tiene dos caras.