El nuevo procedimiento para obtener la autorización ambiental aprobado por el Gobierno es un arma de doble filo que puede originar graves consecuencias en el medio ambiente a largo plazo.

La agilización de los procesos de evaluación ambiental mediante el recorte de fases atenta contra los principios comunitarios

Con la entrada en vigor del Real Decreto – ley 20/2022, de 27 de diciembre, aprobado por el Gobierno de la nación, se suprime el periodo de consultas a las autoridades competentes y al público interesado, y se recorta el periodo de análisis técnico de cuatro meses a dos en el proceso de evaluación ambiental. En este sentido, en un intento de catalizar la transición energética en España y agilizar la aprobación de proyectos de energía renovable, el Gobierno apuesta por un nuevo procedimiento de autorización <<express>>, que sustituye el proceso de evaluación ambiental que transpuso la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por la denominada determinación de afecciones ambientales, durante el próximo año y medio.

Estas medidas, si bien potencian la agilidad administrativa para acortar la fase de tramitación de los proyectos renovables, anteponen la celeridad burocrática a la protección del medio ambiente. Tanto es así que, partiendo del carácter indispensable para la salvaguarda del ecosistema que ostenta el proceso de evaluación ambiental, su reemplazo por el proceso de determinación de afecciones contradice manifiestamente los pilares normativos sobre los que se apoya la regulación ambiental a nivel comunitario.

La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente. Y a través de la evaluación de proyectos se garantiza la prevención de impactos ambientales” – Ley 21/2013, de 9 diciembre

Tal y como menciona la Ley 21/2013, de 9 diciembre en su exposición de motivos, la evaluación ambiental es una garantía de la aplicación de los criterios de sostenibilidad en la aprobación de proyectos. Esta garantía se materializa en el periodo de consultas que, con las alegaciones de la ciudadanía y de los órganos especializados en materias de diversa índole, enriquece la opinión técnica del órgano ambiental sobre la viabilidad del proyecto, así como sobre la adopción de medidas para atenuar los impactos que pudiera ocasionar.

A tal efecto, la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, de27 de junio de 2001 y la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2011, ambas en su artículo 6, amparan a la fase de consultas apelando a la necesidad de que tanto las autoridades como las partes interesadas en el proyecto “tengan la oportunidad de expresar su opinión sobre la información suministrada por el promotor y sobre la solicitud de autorización del proyecto”. Todo ello invita a pensar que las alegaciones de las entidades, físicas o jurídicas, especializadas en distintos campos ecológicos (suelo, paisaje, biodiversidad, etc…) desempeñan un papel fundamental en el proceso de evaluación, más allá de la mera naturaleza burocrática del acto.

En la misma línea, el Convenio sobre Evaluación Ambiental suscrito en Espoo (Finlandia) recoge en su artículo 2.6 la obligación de ofrecer al público de la zona afectada la posibilidad de participar en el procedimiento de evaluación ambiental. Paralelamente, el Convenio de Aarhus, entendido como el motor principal que impulsa la redacción de los anteriores cuerpos normativos, refuerza el principio de participación del público en su artículo 6.2.

La supresión del periodo de consultas para acortar el trámite de aprobación de un proyecto es equivalente a la supresión de la práctica de la prueba en un juicio para dictar sentencia lo antes posible

A la luz de lo anterior, resulta más que evidente que la supresión del trámite de consultas choca flagrantemente contra las directrices europeas que regulan la cuestión medio ambiental. Y es que, la determinación de afecciones ambientales, además de desentonar con el marco jurídico comunitario, empobrece significativamente la ponderación de los impactos que puede ejercer un proyecto en el ecosistema, llegando incluso a dificultar el disfrute del artículo 45 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a gozar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.

A mayor abundamiento, la incorporación de este nuevo sistema de evaluación compromete gravemente las promesas que suscribió el Estado español en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, puesto que la elaboración de un informe de impacto ambiental unilateral, ineficaz y mediocre pone en peligro la consecución de los Principios de Participación Pública, al ser unilateral; de Promulgación de Leyes eficaces, al aprobar una ley que vela más por la ligereza administrativa que por el ecosistema; de Precaución, por dejar expuesto al medio ambiente a los impactos no evaluados debido al recorte de trámites; y de No Regresión, al suponer un retroceso normativo por desamparar aquello que ya estaba protegido.

Todos estos ingredientes ponen en duda el compromiso que mantiene España para con el cuidado del medio ambiente. La sustitución de un sistema que garantizaba la protección medio ambiental por otro que la merma, no es más que el resultado de un acto dirigido por el ansia de alcanzar apresuradamente objetivos como la independencia y sostenibilidad energética que, si bien son miras admirables, los cauces empleados para lograrlas menoscaban aquello que, supuestamente, desean proteger con la instauración de estas nuevas medidas.