La actividad extractiva de minerales y materias primas se ha asociado históricamente a la somera obtención de recursos y beneficios empresariales, dejando al margen aspectos medioambientales y de salud pública.

Sin embargo, en las últimas décadas, la conciencia y el compromiso ecológico que ha adquirido la ciudadanía han dado lugar a la proliferación de normativa específica en la materia, en salvaguardia de una serie de valores y principios propios de toda sociedad avanzada.

Tanto el legislador europeo como el nacional han asumido esta visión, y el marco regulatorio de las explotaciones mineras se ha adaptado a las necesidades de la población, surgiendo una infinidad de matices y cuestiones que abren nuevos desafíos a los profesionales del sector.

Resulta particularmente interesante la situación de los espacios afectados por la actividad minera una vez han finalizado su actividad extractiva, y las diferentes alternativas que emergen para devolverle la vida al terreno y minimizar el impacto en el medio natural. 

En el presente artículo, veremos cómo restaurar el hueco abierto en la tierra tras finalizar la explotación con uno de los método más atractivos en términos de sostenibilidad: la rehabilitación de la superficie mediante el relleno con residuos inertes procedentes de construcciones y demoliciones (RCD). 

Normativa de referencia

La promulgación del Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, estableció el régimen jurídico sobre el que se fundamenta esta alternativa, aunque el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, resultan de obligado detenimiento para la puesta en marcha de proyectos de estas características.

En la norma de referencia, se prevén una serie de medidas para la restauración del espacio natural afectado por actividades investigadoras y explotadoras de recursos minerales, siendo el remodelado del terreno con residuos de procedencia no minera una de las opciones que el legislador ofrece para rehabilitar el terreno, en consonancia con el uso final del suelo previsto y con el contenido del plan de restauración. 

Previamente, debemos precisar la noción de residuo inerte, para lo que nos serviremos de la normativa de residuos y vertederos, en la que se establecen definiciones para una serie de conceptos. 

Los residuos inertes son aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Las características que presenta esta clase de residuos los hacen idóneos para el relleno de huecos mineros, al no ser solubles, ni combustibles, ni biodegradables. Tampoco reaccionan con otros materiales ni afectan negativamente a otras materias con las que pueden entrar en contacto y dar lugar a la contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. 

El contenido de contaminantes que presenta es insignificante y, del mismo modo, el potencial de lixiviación de estos contaminantes, así como el carácter ecotóxico de los lixiviados, debe ser mínimo. Por ello, no deben suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas cercanas al entorno de la extinta explotación minera. 

La diferenciación entre las operaciones de valorización y las de eliminación de residuos resulta esencial para atender a los requisitos y particularidades de cada escenario. Por un lado, encontramos la valorización de materiales inorgánicos en operaciones de relleno, utilizando residuos no peligrosos adecuados en restauraciones de huecos mineros, con fines constructivos, de acondicionamiento, y en restauración e ingeniería paisajística; y por otro, el almacenamiento permanente mediante el depósito subterráneo de residuos, de acuerdo con los Anexos II y III de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que comporta la eliminación definitiva de estos residuos. 

Para que la utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno de un hueco minero sea considerada una operación de valorización, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 13.1 del Real Decreto 105/2008, que impone las siguientes condiciones:

  1. Previa declaración como operación de valoración por el órgano competente en materia medioambiental, 
  2. Presencia de un gestor autorizado que se encargue de la operación, 
  3. Que, en su defecto, se tengan que emplear recursos naturales para cumplir con el mismo fin. 

Se debe tener en cuenta que, dependiendo de esta clasificación como operación de valoración o de eliminación, el régimen jurídico y las facilidades para sacar adelante el proyecto podrán variar, en cuanto a que la jerarquía de residuos plasmada en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ubica los proyectos de eliminación definitiva de residuos a la cola del orden de prioridades en la legislación y política de prevención y gestión de residuos. 

Por otro lado, también será de aplicación lo dispuesto en la normativa específica de actividades potencialmente contaminadoras de suelo y atmósfera, y sobre la calidad del aire, así como la de evaluación y protección ambiental integrada, para asegurar que el proyecto no comporta un impacto sobre el medio ambiente no deseado. 

Otro punto fundamental para este tipo de proyectos es que, en caso de suponer la instalación de un vertedero, que al momento de producirse su clausura (por haber alcanzado el máximo de capacidad de almacenamiento), se deberán realizar las tareas de rehabilitación y mantenimiento previstas, de forma que la entidad titular del vertedero deberá encargarse de las labores de control y vigilancia por el periodo de duración fijado por las autoridades. 

Finalmente, debe plantearse una posible colisión con otros espacios valorados por el legislador, en los que el interés por su preservación resulta prioritario. La afección a espacios naturales protegidos por distintas figuras legales es de vital trascendencia a la hora de valorar técnicamente el proyecto, ya que la mayoría de explotaciones mineras fueron autorizadas antes de la promulgación de la normativa medioambiental, por lo no fueron observados estos criterios de idoneidad de ubicación. En este sentido, existen una serie figuras especialmente protegidas por el ordenamiento jurídico, desde las protegidas por el Estado y las Comunidades Autónomas (Parques Naturales y Nacionales, Paisajes Protegidos o Reservas Integrales), pasando por los elementos de la Red Natura 2000 o del Patrimonio Histórico, y llegando hasta cualquier otro hábitat de interés considerado por organismos internacionales (Reservas de la Biosfera de la UNESCO o Humedales de Importancia Internacional de Convenio de RAMSAR), que gozan de un blindaje normativo privilegiado. 

Huecos mineros: Una propuesta rentable con beneficios ambientales y económicos

La actividad restaurativa de los espacios afectados por la minería ofrece una solución creativa y eficiente para abordar dos problemáticas importantes: la recuperación de áreas degradadas y la gestión sostenible de residuos.

La rehabilitación de huecos mineros con residuos de construcciones y demoliciones comporta una serie de beneficios tanto a nivel ambiental como económico. En primer lugar, reduce la necesidad de utilizar recursos naturales para restaurar el terreno, lo que ayuda a conservar los ecosistemas locales y reduce la presión sobre áreas sensibles. Además, al aprovechar los residuos de construcción existentes, se reduce la cantidad de desechos que terminan en vertederos ilegales, mientras se contribuye a la gestión sostenible de recursos y se promueve una economía circular. 

Desde una perspectiva económica, este método puede representar una alternativa rentable en comparación con otras fórmulas de restauración previstas legalmente, no tan recurridas en la práctica por sus dificultades técnicas y elevado coste. 

Es importante destacar que algunas explotaciones mineras pueden tener impactos muy perjudiciales en el medio ambiente y para el ser humano. Las prácticas mineras irresponsables pueden dar lugar a la contaminación del suelo, el agua y el aire, así como a la degradación del paisaje y la pérdida de biodiversidad, lo que provoca un fuerte rechazo social. 

Estos efectos pueden perdurar mucho tiempo después de que la actividad minera haya cesado, creando problemas ambientales y sociales de larga duración que requieren soluciones integrales y sostenibles, por lo que resulta fundamental plantear una profunda previsión de todas las circunstancias particulares que afectan al caso, así como un escrupuloso cumplimiento normativo, para evitar que se produzcan tragedias ecológicas, que acarrean gravosas sanciones.

Por ello, es fundamental implementar sistemas de gestión de residuos efectivos que promuevan la reducción, reutilización y reciclaje de materiales, así como la adopción de tecnologías y prácticas que minimicen los impactos ambientales y maximicen la recuperación de recursos naturales. 

Te puede interesar: más noticias sobre medioambiente