Pese al exponencial aumento de su número en España desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, su normativa reguladora muestra aún notables inconsistencias.

Por las competencias que la Ley de Aguas confiere a las Comunidades de Regantes, difícilmente puede dudarse de la importancia de estas organizaciones. A pesar de todo, y lamentablemente, no siempre este indudable peso específico se manifiesta en las decisiones administrativas.

El artículo 198 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de 1986 estipula que los usuarios del agua y otros bienes del dominio público hidráulico de una misma toma o concesión deberán constituirse en Comunidades de Usuarios. Cuando el destino dado a las aguas fuese principalmente el riego, se denominarán Comunidades de Regantes (CC RR).

Las Comunidades de Regantes tienen como función prioritaria la distribución y administración de las aguas concedidas, sujetándose a normas elaboradas por los propios usuarios o comuneros y sancionadas por la Administración. Y es precisamente en la administración o gestión del recurso hídrico por estas comunidades de usuarios donde más inconsistencias presenta la legislación de aguas vigente en nuestro país.

Así, la normativa de aguas española se ha comprobado excesivamente rígida para que las CC RR puedan satisfacer, por sí mismas o de manera autónoma, algunas de las principales reivindicaciones de estas entidades. Un ejemplo de ello lo representa la imposibilidad jurídica de ejecutar por sí mismas la modificación de la estructura de propiedad (concentración parcelaria) imperante en el área geográfica incluida en la Comunidad, actuación que se ha demostrado como básica en la modernización del regadío de cientos de CC RR a lo largo y ancho de la geografía española.

Las CC RR carecen de la autonomía suficiente para abordar de manera autónoma la modificación de la estructura de la propiedad (concentración parcelaria), actuación que se ha demostrado básica en la modernización de cientos de regadíos

De igual modo, la explotación en régimen de autonomía interna de los bienes hidráulicos inherentes al aprovechamiento se ha revelado como insuficiente. Las CC RR reclaman desde hace años mayores competencias en relación a la custodia, el almacenamiento y el uso del agua que les corresponde por concesión administrativa. Sostienen que la cogestión con las Administraciones Públicas no puede quedar limitada a la mera participación en el Consejo del Agua, en la Junta de Gobierno del organismo de cuenca, en sus Juntas de Explotación o en la Comisión de Desembalse, entre otros órganos.

En efecto, lo que de manera unánime y general reclaman las CC RR españolas es aumentar progresivamente la influencia de los regantes en las tomas de decisiones sobre la regulación y control del recurso agua dentro de su correspondiente cuenca hidrográfica. Unas decisiones que, con la legislación de aguas en la mano, corresponde adoptar hoy día de los Organismos de Cuenca o Confederaciones Hidrográficas.

Las Comunidades de Regantes reclaman desde hace años mayores competencias en relación a la custodia, el almacenamiento y el uso del agua

Avanzar cada vez más hacia la corresponsabilidad entre la Administración y los usuarios del agua agrupados en Comunidades de Regantes mediante el exponencial aumento de la autonomía de gestión de estas entidades. He aquí el primero de los grandes retos o desafíos para las CC RR españolas. Algo que no será posible sin auspiciar la entrada en vigor de una legislación de aguas más flexible en España, una legislación que dote a los regantes organizados en Comunidades de una mayor y más cualificada capacidad de gestión sobre el recurso hídrico.