La conservación y el enriquecimiento de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español constituyen obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos.

Este artículo ofrece una visión global sobre las principales cuestiones relacionadas en la Ley de Patrimonio Histórico Español de fecha 25 de junio de 1985.

El Preámbulo de la Ley de Patrimonio Histórico Español, por remisión al art.46 de la Constitución Española, recuerda que todos los poderes públicos tienen obligación de proteger y fomentar el enriquecimiento de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español.  Dicha cuestión no es baladí, ya que por disposición expresa de la Constitución Española, tanto en su artículo 46 como en los artículos 148 y 149 correspondientes a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, nos encontramos con que no sólo habrá que acudir a la Ley de Patrimonio Histórico Español para conocer el contenido de la regulación de esta materia, sino que también habrá que acudir a las múltiples leyes autonómicas que regulan las competencias que tienen atribuidas. Todo ello, unido al hecho de que si una determinada ley autonómica – como de hecho ocurre- a su vez también otorga ciertas competencias a las entidades locales, nos encontramos con que, efectivamente, la conservación y la promoción de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español vincula a todos los poderes públicos.

Centrándonos en el presente artículo en la ley estatal de Patrimonio Histórico Español, observamos cómo la misma contiene una amplia extensión de bienes que forman parte del mismo. Sin embargo, en contra de lo que inicialmente podría pensarse, dicha ley no busca exclusivamente la protección del Patrimonio Histórico, sino que también trata de promover su enriquecimiento y fomentar la cultura. Así lo vemos reflejado en su propio articulado. Si bien la misma empieza regulando los distintos tipos de bienes que integran el Patrimonio Histórico Español y su protección, posteriormente pasa a regular distintas medidas de fomento que tratan de estimular su conservación y facilitar su disfrute y acrecentamiento. 

Entre estas medidas de fomento referidas nos encontramos con medidas fiscales y tributarias, así como financieras.

En este sentido, la Ley de Patrimonio Histórico Español contempla que el Gobierno dispondrá de las medidas necesarias para facilitar la financiación de las obras de conservación, mantenimiento y rehabilitación en los Bienes de Interés Cultural, así como para el enriquecimiento del Patrimonio Histórico y de la creatividad artística. Igualmente, como fomento al cumplimiento de los deberes y en compensación a las cargas que la ley impone a los titulares o poseedores de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, se prevén tanto exenciones como beneficios fiscales siempre que se cumplan los requisitos señalados por la ley. 

Consideramos de especial relevancia no perder de vista y tener muy en cuenta esta vertiente de la Ley de Patrimonio Histórico Español, ya que, de cumplirse los requisitos fijados en la misma, el propietario o poseedor de dichos bienes podrá ver reducida la carga que con tanta frecuencia supone tener un bien integrante en el Patrimonio Histórico Español.

Volviendo a lo señalado anteriormente, la Ley de Patrimonio Histórico contiene una amplia extensión de bienes que forman parte del mismo. A pesar de dicha extensión, es importante resaltar que no todos los bienes gozan de la misma protección, pues la propia Ley establece distintos niveles de protección en función de la categoría del bien. En este sentido, las medidas de protección y fomento despliegan efectos distintos según la categoría legal del bien integrante en el Patrimonio Histórico. Especialmente ilustrativo es el artículo 1 de la propia Ley, que por su importancia transcribimos: 

ARTÍCULO 1. 

1. Son objeto de la presente ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español.

2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico y antropológico.

Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que establezca su legislación especial.

3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos previstos en esta ley”.

Todas las categorías legales de la presente Ley integran el Patrimonio Histórico Español, sin embargo, aquellos bienes que representan un valor singular deberán tener la categoría de Bienes de Interés Cultural, a los que se les otorga una mayor protección y tutela. Dicha tutela, tal y como venimos exponiendo, no supone exclusivamente establecer normas prohibitivas de ciertas acciones o usos, sino también establecer disposiciones que estimulen su conservación y permitan su acrecentamiento. De esta forma y con los referidos medios, la Ley de Patrimonio Histórico trata de permitir y facilitar el disfrute por todos los españoles de la riqueza cultural de nuestro país, estableciendo una salvaguardia del mismo que permite su transmisión a generaciones futuras.

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