Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medioambiente organizó el pasado 26 de junio una jornada en la Cámara de Comercio de Madrid en la que se analizaron los problemas urbanísticos y ambientales más frecuentes a los que se enfrentan las empresas, así como las propuestas de soluciones que se ofrecen desde la firma.

La jornada fue inaugurada por Manuel Fernández, socio fundador de Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente, con más de 30 años de experiencia en estas áreas de práctica, quien comenzó su intervención destacando que el rasgo distintivo de la firma radica en su capacidad para hacer comprensible al empresario la extensa regulación de una normativa, técnicamente compleja, proporcionando estrategias integrales que van más allá del simple asesoramiento.

Manuel Fernández destacó que esta boutique jurídica, especializada en las materias de Urbanismo, Medioambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, no sólo diagnostica problemas, sino que se involucra activamente en la implementación y seguimiento de las soluciones propuestas, trabajando en estrecha colaboración con los departamentos internos de las empresas gracias a que cuenta con un equipo multidisciplinar de expertos y colabores externos. “La intervención de Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente hace posible para las empresas cumplir con las regulaciones de manera eficiente, asegurando la continuidad y sostenibilidad de sus operaciones”, como así apuntaba.

Desde una perspectiva analítica de los problemas urbanísticos y ambientales más frecuentes a los que se enfrentan las empresas, Víctor Falcón, abogado de la firma especializado en Derecho Urbanístico y Ambiental (concretamente en el Derecho de Aguas), insistía en el desconocimiento en el seno de las corporaciones de los riesgos que éstas asumen por la inobservancia de estas disciplinas jurídicas complejas y, lo que es más importante, sometidas a constante cambio y evolución normativa.

En el ámbito urbanístico, destacaba, son habituales los supuestos en que la empresa no dispone de la preceptiva licencia urbanística municipal (de edificación y/o actividad) o la pérdida de su validez. Circunstancias que, más allá de suponer infracciones urbanísticas tipificadas como graves por la legislación autonómica de suelo, pueden dejar en situación de ilegalidad o en régimen de fuera de ordenación la edificación ejecutada, provocando que la actividad que se desarrolla en el seno de dicha construcción se esté realizando irregularmente por la empresa.  

Asimismo, Víctor Falcón, dentro de las variadas problemáticas ambientales existentes, analizó la sujeción de algunas actividades empresariales (las denominadas “actividades clasificadas”) a licencia ambiental, cuyo otorgamiento requiere, con carácter previo, disponer de la preceptiva licencia de actividad. Licencias ambientales de carácter diferenciado a las Declaraciones de Impacto Ambiental, conocidas como DIA – a que se encuentra sujetos determinados “proyectos” -, Declaraciones Ambientales Estratégicas  (DAE)- en el marco de “planes” - y Autorizaciones Ambientales Integradas (AAE), reguladas todas ellas con carácter básico en la legislación estatal y desarrolladas, en muchas ocasiones, por la legislación autonómica de aplicación.

Más allá de la necesidad de obtención, cumplimiento, revisión y, en su caso, renovación de estas licencias, declaraciones y/o autorizaciones ambientales, Falcón hizo especial énfasis en los frecuentes incumplimientos por parte de las empresas en materia de vertidos (directos e indirectos) de aguas residuales industriales y/o urbanas. Para Víctor Falcón, “en muchas ocasiones, las empresas pueden estar cometiendo infracciones urbanísticas y ambientales sin siquiera ser conscientes de ello, pues no resulta en absoluto sencillo para ellas conocer la vasta normativa a la que se encuentran sometidas”.

La responsabilidad ambiental por daños medioambientales y/o amenazas inminentes de que tales daños ocurran, derivados de las actividades empresariales es otro punto crítico, que puede implicar, incluso, una responsabilidad objetiva - para las actividades clasificadas al efecto en la ley de aplicación -. Así, severas sanciones y la necesidad de restaurar el medio físico alterado amenazan a las empresas que, pese a actuar con la diligencia “de un buen padre de familia”, pueden ser objeto de expedientes sancionadores cuyas consecuencias jurídico-económicas pueden llegar a afectar a sus administradores – de hecho o de derecho - y a estigmatizar determinantemente la imagen que de ellas se tiene en el mercado.

Para concluir la sesión, Margarita Fernández detalló los servicios ofrecidos por Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente para abordar estas complejas problemáticas urbanísticas, ambientales y sectoriales, desde el conocimiento de los dos principales obstáculos a los que se enfrentan las empresas, especialmente en las fases de implementación y seguimiento de la estrategia y soluciones ofrecidas por la firma: la falta de conocimiento especializado y capacidad interna en las mismas.

A partir de la exposición de precedentes y casos reales cuya dirección fue asumida en la firma, Margarita insistió en la necesidad de detectar la verdadera raíz del problema que, pese a manifestarse con una dimensión jurídica, presentan en algunos casos otra mucho más profunda de carácter social, o, por ejemplo, de emplazamiento territorial. “La clave pasa por el diseño de soluciones que parten de identificar los aspectos urbanísticos, ambientales, territoriales y sectoriales que pueden afectar a la concreta actividad de una empresa ubicada en un ámbito geográfico determinado y el análisis de la percepción sociopolítica que en el referido ámbito se tiene de la actividad desarrollada por nuestro cliente”, manifestaba Margarita Fernández.

La efectividad de las soluciones diseñadas desde la perspectiva jurídica, social y técnica por el equipo multidisciplinar de Gabinete Jurídico de Urbanismo y Medio Ambiente radica en la combinación de los servicios que la firma ofrece.

La asistencia a las empresas en la elaboración de sus sistemas de Compliance Ambiental, Urbanístico y Territorial; la realización de auditorías (Due Diligence) en estas áreas específicas, materializadas en su conocido Informe de situación TAU (Territorial, Ambiental y Urbanístico); el seguimiento del cumplimiento de los condicionantes y medidas correctoras impuestas en las DIA, DAE así como en las AAI; la puesta en valor de pasivos urbanísticos, ambientales y de patrimonio histórico; o, el servicio de asesoramiento y gestión para la obtención de la “licencia social” de proyectos empresariales, son algunos de los servicios que se explicaron detenidamente a los asistentes a esta sesión.