Pese al exponencial aumento de su número en España desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas de 1985, su normativa reguladora muestra aún notables inconsistencias. Por las competencias que la Ley de Aguas confiere a las Comunidades de Regantes, difícilmente puede dudarse de la importancia de estas organizaciones. A pesar de todo, y lamentablemente, no siempre este indudable peso específico se manifiesta en las decisiones administrativas.